Reguladores, supervisores y compañías son conscientes de que crece el riesgo de litigio a medida que los grupos activistas y los inversores más comprometidos y sensibles actúan contra el greenwashing y demandan a determinadas empresas e instituciones por prácticas irregulares o mala praxis en cuanto a la información que deberían facilitar al mercado en materia de lucha contra el cambio climático, según las conclusiones del Informe Anual OFISO 2023 sobre la Financiación Sostenible en España en 2022.
Igualmente la falta de rigor e incluso el engaño en relación con la alineación de algunas de sus inversiones con la Taxonomía verde y con los principios y requerimientos comúnmente aceptados. Las demandas, incluso, se refieren a una mala gestión de los riesgos climáticos, tal como OFISO reflejaba ya en el Informe del año pasado. Así, Climate Financial Risk Forum (CFRF) que viene estudiando en estos años este tipo de litigios, ha preparado una clasificación de estos riesgos climáticos que pueden tener un impacto reputacional sobre los demandados y un coste que, sobre todo, las aseguradoras comienzan a valorar seriamente.
La clasificación realizada por CFRF distingue dos categorías de riesgos climáticos. La primera es la que agrupa los casos que los expertos legales consideran que tienen unas mayores posibilidades de producirse y un mayor impacto en las aseguradoras en todas las jurisdicciones en las que operan. El segundo grupo lo formarían aquellos que siguen en cuanto a las posibilidades de producirse pero que marcan tendencias futuras en este terreno.
En el nivel 1 se encontraría casos como el de Shell, cuyo consejo de administración fue demandado por ClientEarth en marzo de 2022 por “una mala gestión de los riesgos relacionados con el clima al no implementar una estrategia alineada con el Acuerdo de París, incumpliendo así los deberes de los directores según la ley de sociedades del Reino Unido”. Con anterioridad, la multinacional holandesa fue demandada por Milieudefensie y otros, en mayo de 2021, provocando que un Tribunal de La Haya (Países Bajos) ordenara a esa empresa reducir las emisiones de gases contaminantes en un 45% para 2030.
Resulta destacable que la demanda sufrida por esta Oil & Gas en 2022 contiene un matiz de gran trascendencia futura al plantear la posibilidad de que los miembros de los órganos de gobierno de las empresas pueden tener una responsabilidad legal personal en los casos de una gestión o una estrategia inadecuada en cuanto a los riesgos climáticos. En el caso de Europa, el borrador de Estándar de Bono Verde Europeo contempla la posibilidad de que los inversores puedan demandar a un emisor de bonos verdes en determinadas circunstancias que puedan comportar una depreciación del bono.
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