Los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York han lanzado un claro mensaje de apoyo y compromiso con las finanzas sostenibles y con su apoyo a aquellos fondos que invierten con criterios ESG. Tras recomendar la exclusión de BlackRock de entre sus gestores de fondos, el Contralador de la Ciudad de Nueva York, Mark Levine, ha anunciado el lanzamiento de una nueva búsqueda de firmas de gestión de inversiones para operar los servicios de indexación pasiva de renta variable pública, un proceso que afecta a la mayor parte de los 127.000 millones de dólares que los cinco sistemas públicos de pensiones de la ciudad tienen invertidos en este tipo de activos.
La medida responde a la necesidad de actualizar y revisar unos contratos vigentes desde 2017 y que expiran formalmente a finales de 2026. El anterior contralador, Brad Lander, ya había recomendado retirar un mandato de inversión de 42.000 millones de dólares a BlackRock, así como relaciones con Fidelity y PanAgora. El motivo principal fue que estas gestoras no presentaron planes de descarbonización alineados con los objetivos de inversión «Net Zero» del sistema de pensiones. No obstante, las bases actuales mantienen la puerta abierta para que BlackRock vuelva a competir y postularse si se ajusta a los nuevos requerimientos.
Los compromisos climáticos institucionales son mandatos contractuales vinculantes.
La administración neoyorquina argumenta que las políticas de BlackRock y Fidelity se volvieron más restrictivas en su compromiso y votación por delegación debido a las nuevas normativas de la SEC impuestas por la administración Trump. La oficina de Levine reafirmó recientemente que estas dos firmas siguen estando «insuficientemente alineadas» con sus expectativas ecológicas. Por su parte, BlackRock ha criticado la situación calificándola como una politización de las pensiones públicas que pone en riesgo la seguridad de jubilación de los trabajadores.
En juego los 300.000 millones de dólares que administra la ciudad de Nueva York
El significado de este movimiento es un claro mensaje de rendición de cuentas para Wall Street en el ecosistema de las finanzas sostenibles. Nueva York demuestra que los compromisos climáticos institucionales no son meras declaraciones de intenciones, sino mandatos contractuales vinculantes. Al gestionar cerca de 300.000 millones de dólares en activos globales, la ciudad utiliza su inmenso poder de mercado para exigir planes de transición ecológica reales y medibles a los gigantes financieros internacionales.
El impacto directo en la inversión bajo criterios ESG es profundo, ya que redefine las reglas del juego para la adjudicación de grandes capitales. Las nuevas directrices de búsqueda priorizarán explícitamente estrategias basadas en factores ESG, límites estrictos a las emisiones de carbono y modelos «smart beta» sostenibles. Esto obliga a las firmas que deseen gestionar dinero público a endurecer su gobernanza ambiental, eliminando el riesgo de «greenwashing» si pretenden ser competitivas.
