El Estándar de Bonos Verdes de la UE (EU GBS) ha dado en estos días un paso de gigante para su aprobación tras el acuerdo alcanzado esta semana entre el Consejo y el Parlamento Europeo acerca del Reglamento que establecerá unos requisitos estandarizados para los emisores de bonos que deseen utilizar la etiqueta «bono verde europeo».
Las autoridades europeas consideran que con esta norma se evitará el ecopostureo en el mercado de los bonos verdes en general, ya que los emisores podrán demostrar que están financiando proyectos verdes alineados con la taxonomía de la UE y los inversores que compren los bonos podrán evaluar, comparar y confiar más fácilmente en que sus inversiones son sostenibles, reduciendo así los riesgos de greenwashing.
El EU GBS entra pues en su recta final, y estos serán sus tres aspectos principales, según destaca Environmental Finance (EF):
-Los emisores de ‘bonos verdes de la UE’ (bonos verdes emitidos bajo el estándar) tendrán que invertir todos los recursos captados en actividades alineadas con la Taxonomía de la UE, aunque habrá cierta flexibilidad para las actividades que aún no están cubiertas por la Taxonomía.
-Los emisores de ‘bonos verdes de la UE’ deben demostrar cómo el uso de los ingresos del bono «alimenta los planes de transición de la empresa en su conjunto».
-Se establecen reglas más estrictas para los proveedores de opiniones de segundas partes (SPO), con la formación de un sistema de registro y un marco de supervisión para las revisiones externas de los ‘bonos verdes de la UE’.
Según afirma EF, «aunque la propuesta de aplicación en todo el mercado de los requisitos de divulgación de bonos verdes se eliminó del EU GBS, el acuerdo traza un camino para hacer que estas divulgaciones sean obligatorias en los próximos años».
Por su parte, una fuente del Parlamento cercana al acuerdo ha avanzado que la aprobación final por parte del Consejo y el Parlamento puede llegar para el verano (es decir, en el período durante el que España ostentará la Presidencia de la UE).
Adicionalmente, el acuerdo establece una previsión para regular oficialmente lo referente a los Bonos ligados a la sostenibilidad (SLB en terminología anglosajona) en un plazo de tres años.
