El verano de 2026 está volviendo a golpear con extrema dureza a la geografía española con estimaciones satelitales que ya apuntan a cifras entre 250.000 y 297.000 hectáreas devoradas por las llamas en lo que va de año. Las demoledoras imágenes de los grandes incendios forestales sufridos en zonas como Ávila, Madrid, Huelva, Almería y Zamora evidencian una realidad incuestionable: el cambio climático está convirtiendo los riesgos físicos latentes en catástrofes devoradoras, destructivas y cada vez más complejas de combatir de forma puramente reactiva.
El coste de los incendios superaría los 5.500 millones de euros en lo que va de año
Las dimensión de las estimaciones comentadas, entre 250.000 y 297.000 hectáreas quemadas, plantean cómo el sector financiero puede reaccionar y qué papel juega la agenda ESG para evitar que los bosques sigan ardiendo de esta forma tan violenta. El cuidado y la inversión en el capital natural ha dejado de ser un ejercicio corporativo de buena voluntad para convertirse en una misión de gestión de riesgos financieros, estabilidad económica y supervivencia climática: los incendios de este verano en España no se mitigan únicamente con hidroaviones o recursos de emergencia de última hora; se previenen diseñando un territorio financieramente sostenible durante los doce meses del año.
El inasumible coste de la inacción financiera
Apagar un incendio forestal es una estrategia indispensable pero ineficiente en términos económicos y de resiliencia a largo plazo. El coste promedio de extinción y reparación de los daños directos —pérdida de masa forestal, infraestructuras dañadas, afección a la salud, impacto reputacional en el turismo y compensaciones directas— asciende de media a unos 19.000 euros por hectárea, lo que supone que el coste de los incendios superaría los 5.500 millones de euros en lo que va de año, y el fuego de forma reactiva drena de media hasta el 78% de los presupuestos de emergencias de las administraciones públicas.
Sólo cabe pasar de la «economía del desastre» a la inversión en prevención estructural (limpieza de montes, desbroces selectivos y fomento de la bioeconomía rural) ya que cada euro invertido en prevención ahorra entre 10 y 100 euros en costes derivados de la extinción y reconstrucción posterior, lo que demuestra su eficiencia. Pues bien, a pesar de esta rentabilidad social y ambiental, menos de una cuarta parte de las masas forestales de nuestro país cuenta con planes de ordenación sostenible a largo plazo.
Algunas criterios de inversión y de financiación corporativa para la protección del capital natural y para la resiliencia forestal:
-Incluir en las condiciones para el crédito en condiciones preferenciales el desarrollo activo de planes de autoprotección perimetral, pastoreo extensivo y creación de mosaicos paisajísticos resilientes por parte de empresas agrarias y administraciones locales.
-Penalizar el riesgo por vulnerabilidad climática y de incendios de «sexta generación» en el análisis bancario de riesgos financieros. Aquellas actividades expuestas en la interfaz urbano-forestal que carezcan de planes de adaptación verían encarecido su acceso al crédito.
-Reducciones de prima de las aseguradoras por buenas prácticas territoriales como el uso de tecnología de detección temprana (como sensores térmicos) o planes de biomasa.
-Impulso de fondos ESG en Bioeconomía, canalizando recursos financieros hacia la valorización energética de los residuos forestales que ademñas de crerar tejido industrial en la llamada «España vaciada», sino que extrae de manera directa el combustible que alimenta los fuegos explosivos del verano.
