Los litigios relacionados con el cambio climático continúan creciendo en importancia año tras año hasta el punto que la cifra acumulada de casos de litigios relacionados con este ámbito se han duplicado holgadamente desde 2015, según un informe de The Centre for Climate Change Economics and Policy (CCCEP) y The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
Entre 1986 y 2014 se registraron poco más de 800 casos, mientras que en los ocho0 años últimos han sido ya más de 1200 casos se han presentado en los últimos ocho años, lo que eleva el total en las bases de datos a 2.000 y de ellos, aproximadamente una cuarta parte de estos se presentaron entre 2020 y 2022.
Los litigios climáticos se están convirtiendo en una herramienta para presionar y hacer cumplir los compromisos climáticos, especialmente por parte de los gobiernos y generar un cambio social más amplio, incluido el avance de las políticas climáticas, la creación de conciencia pública o el cambio del comportamiento del gobierno o los actores de la industria.
Según el informe, «los litigios recientes tienen puntos en común con algunos de los temas más importantes destacados por la comunidad internacional en la COP26, incluida la necesidad de: aumentar la ambición y la acción de los países; reducir gradualmente el uso de todos los combustibles fósiles en todo el sector energético; enfatizar la importancia de los derechos humanos y la colaboración entre sectores y la sociedad para lograr una acción climática efectiva y una transición justa; y utilizar las finanzas como palanca para el cambio sistémico».
El trabajo de The Centre for Climate Change Economics and Policy (CCCEP) y The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment señala 5 áreas a tener en cuenta en el futuro: los casos que involucran responsabilidad personal; los que cuestionan compromisos que dependen demasiado de la eliminación de gases de efecto invernadero o tecnologías de «emisiones negativas»; aquellos centrados en contaminantes climáticos de vida corta; casos relacionados explícitamente con el nexo entre el clima y la biodiversidad; y las estrategias que exploran recursos legales respecto a las “pérdidas y daños” provocados por el cambio climático.
