Tanto la COP26 como la COP27 han enfatizado en el papel de los mercados de carbono y sus precios como elemento de nivelación y apoyo en la lucha contra el cambio climático en la medida que las autoridades nacionales o plurinacionales pueden utilizarlo como elemento de incentivación o penalización de determinadas prácticas o conductas irresponsables.
El desarrollo de este tipo de mercados y su internacionalización es una condición indispensable para que la presión sobre países, empresas o instituciones intensivas en emisiones de CO2, surta el efecto deseado, puede leerse en el Informe Anual OFISO 2023 sobre la Financiación Sostenible en España en 2022.
En la actualidad, solo el 17% aproximadamente de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están cubiertas por un ETS, los mayores los de China y la Unión Europea, según datos de S&P. La agencia de rating americana cree que este volumen aumentará en la medida que los gobiernos incluyan estos mecanismos en sus políticas de transición energética, y recuerda que la Comisión Europea se propone reformar su ETS con el objetivo de “garantizar que cumpla su objetivo de reducción de emisiones del 55% para 2030 y que los estados miembros y el Parlamento Europeo están revisando actualmente las propuestas de reforma, una revisión que podría finalizar a principios de 2023, seguida de la implementación de la legislación a fines de 2023”.
La UE se propone también implementar otras medidas de reforma de su ETS en el contexto del paquete de reducción de emisiones de carbono “Fit for 55”, así como reducir las asignaciones gratuitas en el ETS animando a las empresas a una acción más agresiva, y ha propuesto también un impuesto sobre el carbono en algunas importaciones, como mecanismo de ajuste, cuya primera etapa entraría en vigor en 2023. Se impondría un arancel a las importaciones de países con precios del carbono más bajos que los de la UE o que no existen, informa la agencia americana. Con todo ello, la previsión de S&P Global supone que el precio del carbono se elevaría a 100 euros por tonelada en 2025 frente a los actuales 80 euros.
