Durante los últimos cinco años, las taxonomías sostenibles han pasado de ser una iniciativa regulatoria europea a convertirse en una de las principales infraestructuras del sistema financiero global. Lo que comenzó con la Taxonomía de la Unión Europea se ha transformado en una red cada vez más amplia de marcos nacionales y regionales destinados a definir qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles, en transición o alineadas con objetivos climáticos. EF ha analizado recientemente su evolución.
A primera vista, el panorama parece caótico. Existen ya más de 50 taxonomías, marcos equivalentes o iniciativas en desarrollo en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esta aparente fragmentación emerge una realidad interesante: las taxonomías están convergiendo de forma progresiva hacia principios comunes, aunque manteniendo diferencias relevantes derivadas de las características económicas y sectoriales de distintas áreas geográficas.
Europa: el estándar de referencia
La Taxonomía de la Unión Europea sigue siendo el referente global más influyente. Su arquitectura se basa en seis objetivos ambientales:
-Mitigación del cambio climático.
-Adaptación al cambio climático.
-Protección de recursos hídricos y marinos.
-Economía circular.
-Prevención de la contaminación.
-Protección de biodiversidad y ecosistemas.
Además, exige tres elementos fundamentales:
-Contribución sustancial a un objetivo.
-Principio de «Do No Significant Harm» (DNSH).
-Salvaguardas sociales mínimas.
Su influencia se extiende mucho más allá de Europa y ha servido de referencia para numerosos desarrollos posteriores.
Asia: pragmatismo y enfoque de transición
China fue pionera en el desarrollo de taxonomías verdes y posteriormente avanzó hacia una mayor interoperabilidad con Europa a través de la denominada Common Ground Taxonomy.
Singapur ha apostado por uno de los enfoques más innovadores mediante una taxonomía que incorpora explícitamente actividades de transición para sectores difíciles de descarbonizar, incluyendo energía, transporte, construcción, agricultura, tecnologías de captura de carbono y economía circular.
El resto de ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.), por su parte, ha desarrollado una taxonomía regional diseñada para acomodar diferentes grados de madurez económica entre sus miembros.
Reino Unido
Tras el Brexit, el Reino Unido optó por desarrollar una taxonomía propia inspirada en la europea, aunque con cierta flexibilidad para adaptarse a las prioridades industriales y energéticas británicas. La búsqueda de equivalencia con la UE continúa siendo uno de los principales desafíos para el mercado financiero londinense.
América
Canadá avanza hacia una taxonomía centrada en la transición de sectores intensivos en carbono.
México, Colombia, Chile y Brasil han desarrollado o están desarrollando marcos propios, generalmente alineados con principios internacionales pero adaptados a sus prioridades nacionales, especialmente en sectores como energía, recursos naturales y agricultura.
Australia: el caso más singular
Australia se ha convertido probablemente en el ejemplo más ilustrativo de la tensión entre convergencia global y adaptación local.
La Taxonomía Australiana de Finanzas Sostenibles, publicada en 2025, incorpora sectores que tradicionalmente han generado debate en otras jurisdicciones:
-Minería y metales.
-Agricultura y uso del suelo.
-Industria manufacturera.
-Construcción.
-Transporte.
-Generación eléctrica.
La inclusión explícita de la minería resulta especialmente significativa. Australia argumenta que una transición energética global requiere minerales críticos como litio, cobre, níquel o tierras raras, por lo que determinadas actividades extractivas pueden ser consideradas habilitadoras de la transición climática.
Este enfoque contrasta con posiciones más restrictivas observadas históricamente en Europa y refleja cómo las taxonomías comienzan a incorporar realidades industriales nacionales.
Convergencia creciente: más interoperabilidad de la que parece
La reciente reflexión impulsada por Climate Bonds Initiative resulta especialmente reveladora. Según diversos expertos, el aparente «caos estructurado» de las taxonomías está dando paso a una convergencia natural basada en elementos comunes.
Entre los aspectos donde la convergencia es más evidente destacan:
-Uso de criterios científicos y métricas técnicas.
-Incorporación del principio DNSH.
-Inclusión de salvaguardas sociales mínimas.
-Evaluación de actividades de transición.
-Vinculación con los objetivos del Acuerdo de París.
-Necesidad de combatir el greenwashing.
La interoperabilidad se está convirtiendo en un objetivo estratégico para reguladores, bancos multilaterales y organismos internacionales, conscientes de que una excesiva fragmentación encarecería la movilización de capital sostenible a escala global.
Divergencias relevantes
La convergencia no significa uniformidad. Las principales diferencias empiezan a concentrarse en cuatro ámbitos:
Actividades de transición
Mientras la UE ha mantenido tradicionalmente criterios muy exigentes, otras jurisdicciones están desarrollando taxonomías específicas para actividades de transición.
El debate ya no es únicamente qué es «verde», sino qué actividades pueden considerarse «creíblemente en transición».
Recursos naturales y minería
Australia representa el ejemplo más visible, pero otros países productores de minerales críticos podrían seguir una senda similar.
Chile, Canadá, Indonesia o Sudáfrica observan con interés esta evolución.
Agricultura y uso del suelo
Las diferencias entre regiones agrícolas y economías industrializadas empiezan a reflejarse en los criterios técnicos aplicables al sector agroalimentario.
Adaptación y resiliencia
Las primeras generaciones de taxonomías estaban centradas principalmente en mitigación.
La nueva generación incorpora cada vez más requisitos relacionados con adaptación climática, resiliencia física y gestión de riesgos climáticos, un ámbito que probablemente experimentará una aceleración significativa durante esta década.
¿Qué podemos esperar en los próximos tres a cinco años?
Existen al menos cinco tendencias que probablemente marcarán la siguiente fase de evolución.
Menos taxonomías «verdes» y más taxonomías de transición
La financiación de sectores difíciles de abatir (hard-to-abate sectors) exigirá clasificaciones más sofisticadas.
Mayor interoperabilidad internacional
Veremos más iniciativas para mapear equivalencias entre taxonomías nacionales y regionales, reduciendo costes regulatorios para inversores globales.
Integración de biodiversidad y capital natural
La experiencia climática servirá de base para incorporar criterios vinculados a naturaleza, agua y biodiversidad.
Uso intensivo en supervisión financiera
Los supervisores comenzarán a utilizar las taxonomías como herramientas de evaluación prudencial, gestión de riesgos y análisis de resiliencia financiera.
Mayor conexión con los mercados de deuda sostenible
Bonos verdes, bonos de transición y financiación vinculada a sostenibilidad tenderán a alinearse cada vez más con taxonomías reconocidas internacionalmente.
Lo que las empresas y entidades financieras españolas deben analizar
Las organizaciones españolas no pueden contemplar la taxonomía únicamente como una obligación de reporting.
Deberían analizar, al menos, cinco cuestiones estratégicas:
El grado de alineamiento actual y futuro de sus actividades con distintas taxonomías internacionales.
La exposición a mercados donde los criterios difieran de los europeos.
Las oportunidades de financiación vinculadas a actividades de transición.
Los riesgos derivados de posibles divergencias regulatorias entre jurisdicciones.
La incorporación de criterios de adaptación y resiliencia climática en la planificación estratégica.
La cuestión ya no es si existirán taxonomías globales, sino hasta qué punto serán interoperables. Todo apunta a que avanzamos hacia un modelo híbrido: principios comunes compartidos a nivel internacional y adaptaciones nacionales para reflejar las particularidades económicas de cada país.
La convergencia está ocurriendo. Pero también lo está haciendo una competencia regulatoria silenciosa para definir qué actividades financiarán la transición hacia una economía baja en carbono. Y esa discusión tendrá implicaciones directas sobre los flujos de capital, la competitividad empresarial y la configuración de los mercados financieros durante la próxima década.
